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La jueza porteña que autorizó el casamiento entre dos hombres ordenó que los funcionarios que ordenaron no celebrar la boda sean investigados.

Además, la magistrada dispuso que la Justicia penal también analice si cometieron algún delito los jueces civiles nacionales que con otros fallos suspendieron el casamiento, informaron fuentes judiciales.

Seijas, jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, hizo lugar a un pedido para investigar a los funcionarios porteños presentado por Alex Freyre y José María Di Bello, a quienes había autorizado a casarse, lo que iba a ocurrir el 1ro de diciembre en el primer matrimonio gay en América Latina.

 

Pero un día antes de la boda la jueza civil de primera instancia Martha Gómez Alsina y los integrantes de la Sala E de la Cámara Civil, Fernando Racimo, Juan Carlos Dupuis, y Mario Calatayud, suspendieron la boda porque entendieron que Seijas no podía resolver un tema de casamientos ya que eso, sostuvieron, es competencia de su fuera por estar regido en el Código Civil.

El gobierno porteño que conduce Mauricio Macri decidió no casar a la pareja ante los fallos en sentido contrario y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva si es la Justicia de la ciudad o la nacional la que debe intervenir en el tema.

La jueza Seijas sostuvo que como su sentencia "se encuentra firme y consentida, y no ha sido cumplida por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" ordenó enviar la causa a la Justicia penal "a fin de que tome la intervención que considere oportuna ante la posible comisión de un delito por parte de tales autoridades".

"Asimismo, corresponde solicitar al señor juez competente en materia penal que, de considerarlo pertinente, tenga a bien ordenar las medidas que considere oportunas para evaluar si la conducta de la Dra. Gómez Alsina, y de los doctores Fernando M. Racimo, Juan Carlos G. Dupuis, Mario P. Calatayud, pueden ser consideradas instigadoras de la conducta renuente de las autoridades del Gobierno de la Ciudad", agregó.

Sin embargo, la jueza rechazó aplicar multas económicas a Macri y al titular del Registro Civil, Alejandro Lanusse, como había pedido la pareja, por considerar que "no parece una medida eficaz para vencer la resistencia de la parte demandada", ya que la jueza Gómez Alsina había amenazado con lo mismo si la pareja era casada.