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El director de Habilitaciones Martín Farrell, fue citado a declarar como imputado por los presuntos delitos de "abuso de autoridad".

Es a raíz de la autorización para la realización de recitales musicales sin el previo estudio de impacto ambiental que tendrían esos eventos.

 

Pese a que Farrell fue citado en dos oportunidades por la fiscalía a cargo de Daniel Pablovsky, en ninguna de las dos oportunidades se presentó, informaron fuentes judiciales.

El expediente se inició a raíz de una denuncia del fiscal penal general porteño, Luis Cevasco, en relación con espectáculos musicales que tuvieron por escenarios el estadio de River Plate, el Club Hípico, Obras Sanitarias y el club Ciudad de Buenos Aires.

Concretamente, la denuncia apunta a los recitales de Los Fabulosos Cadillacs, el Personal Fest y el Pepsi Music, según pudo determinar esta agencia.

Farrell está imputado por la presunta violación de la ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires, que "determina el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental con el fin de coadyuvar a establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras".

Esa norma apunta, además, a "preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora, proteger la fauna y flora urbanas no perjudiciales, racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat, lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad, mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua y regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La investigación fue delegada en el fiscal Pablovsky por la jueza correccional Graciela Sarada Angulo de Quinn.

El artículo 248 del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".