AddThis Social Bookmark Button

El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como «Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo – Ambiental» y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.«Solicitamos a la Justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto«, indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.

El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad.Junto a la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, requirieron «un plan de contingencia y de seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esa política a través de una Mesa Multisectorial y un Protocolo de Salud para su seguimiento».

 

El escrito del amparo judicial estableció que «el Gobierno de la Ciudad tuvo un desmanejo muy grave en relación con el asbesto» y enumeró las diferentes acciones ejecutadas por el Ejecutivo porteño ante la presencia de ese producto en locaciones públicas y subtes.

 

Según se indicó, el año pasado «intentó remover una caldera con amianto en la escuela primaria Número 8, Carlos Della Penna, en plena época lectiva«. El retiro del asbesto exige extremar los cuidados para no contaminar el aire, dado que el elemento permanece en el aire largamente.

 

A su vez, recordó que «en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico».

 

Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño «removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos».